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Lo dice el fiscal de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien ha denunciado este lunes “la desprotección, desamparo y abandono” que sufren las víctimas y heridos en la carretera por parte del sistema judicial.
La situación viene de lejos, pero se agravó a raíz de la última reforma del Código Penal y la nueva ley que fija el baremo de las indemnizaciones. Recuerda firmar por una ley justa para ayudar a corregir esta lamentable situación.
Al eliminar las faltas del Código Penal, la reforma que entró en vigor en julio del 2015 ha supuesto en una “despenalización encubierta” de los delitos derivados de los accidentes de tráfico, según Vargas. Salvo en los casos más graves, “las denuncias se archivan” sin que los jueces investiguen o tomen siquiera declaración a los protagonistas. A las víctimas solo les queda recurrir a la jurisdicción civil donde no gozan de ningún tipo de protección para sus reclamaciones. El Estatuto de la Víctima solo las protege en los procesos penales, lo mismo que ocurre con la justicia gratuita.
120.000 personas sufrieron las secuelas de un siniestro de tráfico el año pasado, 9.000 de ellos heridos graves, y 1.680 personas murieron en la carretera.
El nuevo baremo ha producido una enorme “desigualdad” entre las víctimas y las aseguradoras que deben cubrir la indemnizaciones sobre todo por “su gran complejidad”, que deja a las víctimas indefensas. “Si es difícil para nosotros interpretarlo, imagínese para las víctimas”, ha reprochado el fiscal, que ha hecho estas declaraciones durante las Jornadas Anuales de Fiscales Delegados de Seguridad Vial a la que han asistido también víctimas como Anna González para exponer su caso.
Es fundamental y urgente reformar dos leyes que no están siendo efectivas, ambas aprobadas en 2015: la reforma de los delitos imprudentes y del Baremo de Tráfico. Tras la puesta en marcha de estas dos normativas la situación ha empeorado, y juega en contra de las víctimas.
Continúa Vargas: tras diez años como fiscal coordinador, «muy poco» se ha avanzado en este sentido, convirtiendo a los afectados en «víctimas de segunda categoría», ya que la «delincuencia vial sigue devaluada». A esta devaluación ha contribuido que todos «sentimos que podemos ser quien provoca un accidente de tráfico»; que la sociedad todavía cree que las infracciones viarias son un tributo que se paga por el progreso tecnológico y no tienen suficiente gravedad para ser consideradas delictivas.
