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Anna González acudió a la reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el aval de las casi 200.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, con las que se solicita la reforma de los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro
Catalá se ha comprometido a estudiar si cuando se produce un incumplimiento grave de las normas de circulación, como ocurrió en el caso del atropello de Óscar Bautista, cabría perfeccionar su calificación dentro de las imprudencias tipificadas como graves. El ministro se ha mostrado dispuesto también a revisar si el concepto de omisión del deber de socorro, tal como está tipificado actualmente, es insuficiente para la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, habida cuenta del especial riesgo que la conducción implica, y en su caso, introducir una obligación de asistencia adicional, especialmente en el supuesto del fallecimiento de la persona accidentada. De esta forma podría evitarse la circunstancia, como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que cuando se produce el fallecimiento instantáneo de la víctima, no haya delito de omisión del deber de socorro al tratarse de un delito imposible por no haber una persona viva en situación de desamparo. Sí, habéis leído bien: actualmente, si alguien mata a otra persona en el acto y se da a la fuga, no es culpable del delito de omisión de socorro porque no había nadie a quien socorrer.
Por una ley justa
La reforma no será, sin embargo, ni inmediata ni parece que vaya a optarse tampoco por la fórmula que proponían Anna y la Asociación de Ciclistas.
El ministro ha advertido que una reforma del Código Penal no puede tramitarse aisladamente por un solo tema y habrá que esperar a que surjan más cuestiones “a lo largo de la legislatura”. Mientras, será la fiscalía general y, en especial la de Seguridad Vial, la que deberán emitir instrucciones, algo que de momento tiene escaso reflejo en las sentencias.
Así que, aunque el ministro ha subrayado la conveniencia de reformar aquellas leyes que no responden de forma eficaz a determinadas realidades cotidianas para evitar que puedan producirse en el futuro casos como el de Óscar Bautista, parece que habrá que esperar para ver aplicadas esas reformas en la ley. El ministerio empezará a trabajar en estas iniciativas en las próximas semanas y estudiará su inclusión en una posible revisión de la reforma del Código Penal en esta legislatura. No entiendo por qué no puede arreglarse algo que no está funcionando bien. La propia constitución fue reformada en tiempo record para aprobar el límite de gasto público, en ese caso no esperaron a tener más cuestiones para incluir en la reforma, que estuvo lista en un par de meses. ¡No nos tome el pelo Sr. Ministro!
Veremos si Catalá es capaz de arreglar el desaguisado realizado por sus predecesores, aunque la cabeza y el partido del gobierno siga siendo quien montó todo este lío, reconociendo también que la situación anterior tampoco era ideal. Esperemos que los trabajos avancen a buen ritmo, y no tengamos que esperar mucho para tener una ley un poco más justa que antes.
Otras iniciativas por una ley justa
Por suerte para todos, paralelamente a los trabajos del ministerio, diversos grupos políticos están trabajando en proposiciones no de ley (PNL) para proteger a las víctimas más vulnerables de la carretera como son peatones y ciclistas, aunque yo incluiría también a otros conductores ya que también pueden ser víctimas de esa minoría que pone en riesgo la vida ajena.
Proposición de ley en el Congreso
Francesc Homs, Lourdes Ciuró y PDECAT han dado un paso al frente #PorUnaLeyJusta presentando una Proposición de Ley que castigue penalmente a los conductores que se dan a la fuga tras causar un accidente.
El grupo parlamentario liderado por Francesc Homs indica en su proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, que debe debatirse y votarse en el Congreso, que “la inmensa mayoría” de los accidentes de tráfico están despenalizados al considerarse «leves» las imprudencias cuando no son temerarias o cuando intervienen el alcohol o las drogas, con lo que “las víctimas mortales de la carretera causadas por imprudencias pueden salir gratis” en estos casos.
En estas ocasiones, las víctimas deben acudir a la vía civil para reclamar daños, lo que les supone “más costes y riesgos” porque deben litigar con las aseguradoras, y la víctima carga con los costes del juicio si no llega a un acuerdo con las compañías.
PdeCat indica que algunos jueces han catalogado como imprudencia leve no respetar un paso de cebra o saltarse un semáforo independientemente de los daños posteriores, lo que puede ocurrir cuando un conductor mata a un ciclista y se da a la fuga. Además, si la muerte de la víctima es en el acto, no puede imputarse al conductor omisión del deber de socorro.
Proposición no de ley en Castilla y León
En las Cortes de Castilla y León se ha aprobado recientemente por unanimidad una PNL presentada por el Partido Socialista y defendida por Ángel Hernández para mejorar seguridad de peatones y ciclistas en nuestras carreteras.
