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Nunca el dicho «donde dije digo, digo Diego» tuvo tanto sentido como en el caso del fiscal de sala de seguridad vial, Bartolomé Vargas.
Vargas denunciaba hace un año la “la desprotección, desamparo y abandono” que sufren las víctimas y heridos en la carretera por parte del sistema judicial. El nuevo baremo ha producido una enorme “desigualdad” entre las víctimas y las aseguradoras que deben cubrir la indemnizaciones sobre todo por “su gran complejidad”, que deja a las víctimas indefensas. “Si es difícil para nosotros interpretarlo, imagínese para las víctimas”, decía entonces el fiscal en las Jornadas Anuales de Fiscales Delegados de Seguridad Vial.
Y seguía «tras diez años como fiscal coordinador, «muy poco» se ha avanzado en este sentido, convirtiendo a los afectados en «víctimas de segunda categoría», ya que la «delincuencia vial sigue devaluada». A esta devaluación ha contribuido que todos «sentimos que podemos ser quien provoca un accidente de tráfico»; que la sociedad todavía cree que las infracciones viarias son un tributo que se paga por el progreso tecnológico y no tienen suficiente gravedad para ser consideradas delictivas.
No me lo invento yo, lo podéis leer en Europapress, ABC, Onda Cero…
Una año después, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso donde se debate la reforma del Código Penal impulsada por la campaña #porunaleyjusta de Anna González, se descuelga diciendo que el abandono del lugar del accidente sin socorrer a la víctima, está ahora regulado por la legislación administrativa en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento de Circulación, sancionado con una multa de 200 euros, y dice que «no se puede pasar de sanción a delito sin hacer una depuración de la respuesta penal», sugiriendo esa sanción administrativa debería incrementarse con la pérdida de puntos del carné hasta el máximo.
Es decir, que el fiscal de seguridad vial considera que los que dejan tirada a una persona tras atropellarla, no deben tener responsabilidad penal, y se conforma con que les ponga una multita y una sanción administrativa. Ya se han escuchado voces que piden al gobierno el cese de Vargas.
Un total de 1.028 conductores implicados en accidentes de tráfico se dieron a la fuga según los datos de la DGT de 2016.
